La República Bolivariana de Venezuela presenta una historia muy reciente de emigración de venezolanos y venezolanas hacia países de la región. A diferencia de otros países vecinos, al menos desde mediados del siglo XX el territorio venezolano registró un proceso inmigratorio masivo de personas naturales de Europa y de América Latina y El Caribe.
Sin embargo, entre los años 2017 y 2019 se pudo observar un fenómeno de migración de personas de nacionalidad venezolana hacia los países vecinos, particularmente los de la región andina, y Brasil en menor medida. Esta situación generó en los países andinos, que no habían sido receptores históricos de migrantes, una novedad para sus poblaciones y para las economías de esos países, debido a su poca capacidad para absorber la mano de obra extranjera.
En este sentido, lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de migrantes venezolanos han tenido que incorporarse a la economía informal, con todo lo que ello supone en materia de desprotección laboral y social, encasillamiento y estigmatización de la población migrante, y que ha derivado en algunos países en un brote de manifestaciones xenofóbicas por parte de sectores de la sociedad y de las mismas autoridades gubernamentales, en contra de esta población.
Recordemos que una buena parte de los países de destino migratorio de la población venezolana, particularmente los de la cuenca andina, ni siquiera tenían una experiencia demasiado relevante con respecto a la acogida de migrantes. Los casos más emblemáticos son Colombia, Ecuador y Perú. Otros países, si bien habían acogido migrantes, no habían recibido una cantidad importante en tan corto tiempo. Estos pueden ser los casos de países como Panamá o Chile.
La concentración alta y acotada en el tiempo de una migración venezolana en un territorio particular, puede dar lugar a serios problemas de convivencia, que se agravan conforme el proceso no sea gestionado adecuadamente, considerando las limitaciones estructurales de servicios y oportunidades de empleo en los países de destino. Asimismo, podría pensarse que para sociedades donde no han experimentado procesos de recepción de migrantes, este nuevo “sujeto”, este “otro” o “desconocido” que se incorpora a sus espacios, a sus vecindarios, puede resultar en algunos casos atemorizante y experimentarse situaciones de miedo, rechazo e, incluso, discriminación o xenofobia.
El término xenofobia hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia lo extranjero; es una ideología que consiste en el rechazo de las identidades culturales diferentes a la propia.
La Declaración y Programa de Acción de Durban, plan de la comunidad internacional para adoptar medidas en la lucha contra el racismo y suscrito en consenso durante la Conferencia Mundial de Naciones Unidas de 2001 contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, establece que los Estados son los principales depositarios de la responsabilidad de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como de elaborar planes nacionales e integrales de acción para cualquier manifestación de violencia de este tipo.
En los últimos tiempos se ha venido registrando un abanico bastante variado de actos de xenofobia y discriminación en contra de los migrantes de nacionalidad venezolana, impactando negativamente en sus derechos humanos. Recordemos lo ocurrido en el municipio brasileño de Pacaraima, en el estado de Roraima, en 2018, cuando un grupo de manifestantes obligó a unas mil doscientas personas venezolanas a cruzar la frontera de regreso a Venezuela, además de quemar sus pertenencias y destruir el campamento donde se alojaban, debido a supuestos hechos delictivos cometidos por venezolanos. Aquí ya no estamos ante opiniones inofensivas, sino ante verdaderas amenazas a la vida y la integridad personal de migrantes.
Asimismo, hemos podido ver que, en algunos países de la región, los servicios de salud les han sido negados a migrantes de origen venezolano, incluso en tiempos de pandemia, o que al menos no han recibido el mismo trato que los nacionales del país de destino, lo que constituye actos de discriminación y xenofobia. Hemos también registrado un fenómeno más grave y son los feminicidios de venezolanas en una buena parte de los países de América Latina, lo cual podría dar lugar también a la categoría de feminicidios xenofóbicos.
Frente a estos hechos, las autoridades públicas de los principales países de acogida de personas migrantes venezolanas han sido, en diversas oportunidades, los principales promotores de la xenofobia en contra de esta población en situación de movilidad humana. Casos emblemáticos son las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, o las del presidente de Colombia, Iván Duque, quien anunció que excluiría del proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 a venezolanos que se encuentren en condición irregular en ese país.
Un caso para señalar es el del presidente Lenín Moreno en Ecuador, a principios de 2019, cuando declaró: “les hemos abierto las puertas [aludiendo a los inmigrantes venezolanos], pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”. Asimismo, ordenó la conformación de brigadas especialmente destinadas a controlar a migrantes de origen venezolano, en calles, lugares de trabajo y fronteras.
También hemos visto, como candidatos que aspiran a cargos de elección popular en algunos de los países de destinos de los migrantes venezolanos, vierten su odio xenofóbico en medio de la campaña electoral. En estos días hemos conocido el caso de Daniel Salaverry, candidato presidencial en Perú, quien ha destacado por su discurso agresivo contra la migración venezolana, amenazando con devolverla en barcos y dejarla en el primer puerto. Con estas declaraciones, una persona que en realidad no es una autoridad legalmente constituida, igual ejerce un efecto de promoción y de instrumentalización de la xenofobia para fines políticos. Podemos citar también a la diputada Esther Saavedra, quien solicitó al presidente Vizcarra que empleara al ejército para cerrar la frontera, y que expulsara a toda la población venezolana, buena y mala, para evitar que Perú se convirtiera en el patio migratorio de la región. De aquí se extrae que los migrantes no tienen lugar en Perú, según esta parlamentaria.
Alarman, asimismo, las recientes manifestaciones de xenofobia y discriminación contra la población venezolana en Perú, como la marcha xenófoba que un grupo de personas realizó el pasado 20 de febrero en contra de los inmigrantes venezolanos, transmitida en vivo a través de plataformas digitales y justificada en el asesinato de un peruano en Colombia presuntamente a manos de un ciudadano de nacionalidad venezolana. Asimismo, la sede de la Embajada de Venezuela fue atacada con objetos contundentes, rompiendo ventanales y causando daños materiales en sus instalaciones (incendio de la señalética consular, entre otros).
Para concluir, podemos decir que el control de la xenofobia recae de forma sustancial en las autoridades de todo nivel en cualquier país. Sería un error tachar a los pueblos de intrínsecamente xenófobos. Más bien, existe un andamiaje institucional que debe ser ajustado, fundamentalmente mediante la plena vigencia de las leyes y tratados internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la mayoría de los países del continente americano, y reducir el ámbito de aplicación de la discrecionalidad en el tratamiento de personas migrantes.
Ante la xenofobia, el liderazgo político debe saber orientar procesos para lograr que las comunidades de acogida aprecien en su justa medida los beneficios que conlleva una migración dispuesta a trabajar y con cierto nivel de formación que pudiera ser de provecho para su país. Se trata, en síntesis, de una labor con cierto contenido pedagógico, responsable y respetuosa de los derechos humanos, que ciertamente debieran estar garantizados para toda persona humana, incluidos los migrantes venezolanos.