Conversatorio telemático reflexiona sobre las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela y el derecho internacional - MPPRE

Conversatorio telemático reflexiona sobre las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela y el derecho internacional

El viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Alexander Yánez, participó este miércoles en el conversatorio telemático «Medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela y el Derecho Internacional», en el que expuso de manera sucinta el carácter ilegal de las mal llamadas sanciones, su afectación en la sociedad, en la economía y en los derechos humanos de los pueblos que son víctimas de esta política genocida e imperial.

La actividad organizada por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), sirvió, entre otras cosas, para contextualizar y explicar los conceptos básicos de las medidas coercitivas unilaterales.

En esa línea, el viceministro Yánez compartió el concepto de la relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien aclara que las medidas coercitivas unilaterales no son más que “medidas aplicadas por Estados, grupos de Estados u organizaciones regionales sin la autorización o excediendo la autorización del Consejo de Seguridad (aplicadas) a Estados, personas o entidades a fin de cambiar una política o un comportamiento de los Estados contra los cuales van directa o indirectamente”.

Explicó que las medidas coercitivas unilaterales pueden ser generales o selectivas. Las primeras “son medidas destinadas al conjunto de la economía o del sistema financiero de un país. Tienden a ser indiscriminadas y, por ende, a tener repercusiones negativas en los derechos humanos de los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad del país objeto de las medidas. Su eficacia se mide a la luz de su capacidad para imponer cambios de política de amplio alcance o crear suficientes dificultades económicas en el país destinatario como para incitar a la población a rebelarse contra su dirigencia política».

Por su parte, «las medidas coercitivas selectivas pueden destinarse a determinados sectores de la actividad económica de un país o ser de más amplio alcance pero específicas a una parte circunscrita del territorio. Su efecto puede ser el de desestabilizar determinado sector de producción o determinada zona geográfica».

Agregó que, “en el caso de la retención ilegal del oro venezolano en el Banco de Inglaterra, se aplica una medida coercitiva unilateral con una cara económica, pero que en el fondo es una restricción política”.

La legalidad e ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales también fue parte del conversatorio, sobre eso, dijo el Viceministro para Temas Multilaterales que hay sanciones [legales] que están dentro de los principios que rigen las operaciones terrestres unificadas, conocidas como (OTU) y hay sanciones ilegales que contradicen el derecho internacional, el derecho humanitario internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados.

Puntualizó que en el caso de Venezuela, se ataca constantemente su economía, y su libertad económica para desarrollarse.

Durante el conversatorio, el representante diplomático expuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por los líderes mundiales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos, y cómo estos son violados en Venezuela al aplicarse las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos.

“La paz, la seguridad y los derechos humanos son tres pilares atacados constantemente por las medidas coercitivas unilaterales”, aseveró. De igual forma, aclaró que “toda sanción fuera de los principios estipulados en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, es una medida coercitiva unilateral“.

El Viceministro para Temas Multilaterales finalizó el encuentro virtual con unas breves reflexiones sobre la rigurosa remisión y denuncia que entregara en febrero pasado el canciller Jorge Arreaza ante la Corte Penal Internacional (CPI), por medio de la cual se solicitó formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto.

Agregó que el mundo no solo atraviesa la peor crisis biológica por el COVID-19, sino la falta de humanidad con la insistente aplicación de las medidas coercitivas unilaterales.